Una delegación de IU Aragón encabezada por su Coordinador General, Adolfo Barrena, y su portavoz de Sanidad en las Cortes, Patricia Luquin, participará mañana sábado, 10 de enero, 13.00 h, en la concentración convocada en la plaza del Pilar de Zaragoza (frente a la Delegación del Gobierno) para exigir al ministerio de Sanidad que atienda la petición de las personas que secundan un encierro en el Hospital 12 de octubre de Madrid de sufragar las medicinas contra la hepatitis C. Un acto reivindicativo organizado por las Marchas por la Dignidad de Aragón con el apoyo de la FABZ.

IU anima a sus militantes y simpatizantes y a la ciudadanía en general a que participen en la protesta que se extiende por diferentes ciudades del Estado para reclamar a Sanidad que sufrague el medicamento Sovaldi a todos los pacientes sin distinción.

Izquierda Unida reclama al Gobierno que ponga en marcha un Comité de Crisis, integrado por la Administración Central, las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, para consensuar estrategias, guía terapéutica y presupuesto para garantizar el acceso equitativo a los nuevos tratamientos de la hepatitis C con el objetivo de su erradicación. Se estima que en España unas 500.000 personas afectadas de manera crónica por la hepatitis C, de las que sólo un 34% conoce su diagnóstico y unas 30.000 se encuentran en situación más grave. Cabe recordar que el propio Gobierno habla de 700.000 portadores, 450.000 infectados y 50.000 diagnosticados. En Aragón, son más de 10.000 las personas que sufren esta enfermedad.

España es uno de los pocos países europeos que financia el Sovaldi. Este medicamento cura la enfermedad en un 90% de los casos. Sólo en 2013, según la plataforma de Familiares y afectados por esta enfermedad, cerca de 4.000 personas murieron por la Hepatitis C. Cabe recordar que después de nueve meses de negociaciones, y gracias a las movilizaciones y presiones de los afectados, el Ministerio de Sanidad consiguió un acuerdo con el laboratorio que fabrica este medicamento y lo introdujo en la lista de tratamientos financiados por la sanidad pública. Sin embargo, es cada comunidad autónoma la que paga el tratamiento, por eso, la decisión de qué pacientes reciben el medicamento es a nivel regional.

Tanto Luquin como Barrena denuncian que el Gobierno sigue sin escuchar y sin coordinar su labor con las comunidades autónomas, “porque la única respuesta parcial que ha ofrecido hasta el momento a los afectados ha sido autorizar nuevos fármacos y la propaganda o publicidad engañosa sobre ellos o sobre las medidas que piensa poner en marcha, algo que genera más angustia en los pacientes de hepatitis C.