Izquierda Unida apoya la concentración organizada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), el Foro de Presidentes de Consejos de Salud, Marea Blanca y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad mañana, jueves, 18 de diciembre, 9.30 h, ante las Cortes de Aragón (Palacio de la Aljafería) para solicitar una auditoría ciudadana de la deuda del Consorcio Aragonés de Alta Resolución (CASAR). Un acto convocado con motivo del debate en el Pleno de la Cámara Aragonesa de la integración de este ente sanitario al sistema público del SALUD.
Los convocantes denuncian que el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, pretende publicar antes de fin de año una Ley de medidas para la efectiva integración del CASAR en el servicio aragonés de salud y esta decisión, según declaraciones del propio consejero, es fruto de un informe encargado al CASAR para valorar los aspectos jurídicos, laborales y económicos la integración. Sobre este informe el consejero deduce que no hay ninguna prueba determinante para defender el modelo del Consorcio y que la integración va a permitir un ahorro inicial directo de 2,8 millones de euros, sin contar la reducción de costes que se producirá al gestionarse conjuntamente con el SALUD (compras etc.). Para los convocantes, Oliván debe cuestionarse, también, su clara apuesta por la colaboración público-privada para la sanidad y ponen como ejemplo su gestión sobre el hospital de Alcañiz, que “no ha demostrado mejorar la gestión y que ha supuesto un sobrecoste para el gasto en sanidad”.
Los convocantes han valorado, sin haber sido posible conocer las cuentas del CASAR desde sus inicios ya que no tiene obligación legal de su presentación, una deuda acumulada de unos 20 millones de euros a lo que habría que sumar la deuda del consorcio de Jaca en el periodo de 2002 a 2006. Cabe destacar que, sobre esta deuda, pesa un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se detectan irregularidades en el cómputo de la misma por valor de 1,8 millones de €, (en pagos a personal y en contratos de medicamentos). “Todo ello, sin que hasta el momento, se haya iniciado ninguna investigación o auditoría que esclarezca las responsabilidades por la opaca gestión del Consorcio y los términos en que ésta se ha producido”, señalan en un manifiesto.
Por otra parte, en cuanto a las y los trabajadores que tienen una vinculación con el CASAR, los convocantes denuncian la situación caótica creada, ya que no se ha valorado si en todos los casos se ha respetado los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia. En este sentido, exigen que, de la misma forma que han de respetarse los derechos de los trabajadores a la hora de su integración, ésta, no sirva de excusa para amortizar plazas de cualquiera de las categorías profesionales implicadas en el Servicio Aragonés de Salud.
La convocatoria de mañana tiene como objetivo mostrar la posición de los convocantes en la defensa de una gestión de los servicios de salud totalmente pública, transparente y participativa y para exigir que se realice una auditoría ciudadana de las cuentas y de la gestión realizada por los directivos y entidades que han formado parte del CASAR durante todos estos años y que se señale a los responsables de la deuda y de la mala gestión, para que se les exija responsabilidad por los perjuicios ocasionados.
En su opinión, la integración en el Servicio Aragonés de Salud que se pretende y con la que están de acuerdo, debe realizarse sin la asunción por parte de la sociedad aragonesa de cargas ilegítimas que no le corresponden.