Una delegación de IU Aragón encabezada por su responsable de Políticas Sociales, Paloma Lafuente, participará en la concentración convocada mañana jueves, 11 de diciembre, 12.00 h, en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), convocada por la plantilla de trabajadores y trabajadoras del Centro de Observación y Acogida (COA) con el objetivo de “forzar” al Gobierno a paralizar y modificar el actual concurso de la gestión educativa de centros de protección de menores en riesgo social.
La plantilla del COA hará mañana entrega de una carta y un documento informativo a la Directora Gerente del IASS, Cristina Gavín, para reclamarle que paralice y modifique el actual concurso de la gestión educativa, porque supone la precarización de los centros de protección de menores. Una adjudicación que, de no bloquearse, el Gobierno hará efectiva mañana jueves y que conlleva, además, un recorte presupuestario importante, ya que la empresa, Fundación de Ayuda Integral al Menor (FAIM), ha rebajado un 7,5% el precio de licitación.
Las y los trabajadores del COA de Zaragoza secundan una huelga indefinida desde el pasado 1 de noviembre en protesta por los recortes en el servicio tras la adjudicación “provisional” a la FAIM, que gestiona el centro y ha establecido una organización del trabajo con 23 educadores y un coordinador, cuando el IASS solicitaba 26 en total. Por ello, su plantilla no entiende que la mesa de contratación proponga a FAIM y, más aún, cuando con menos de 30 empleados no se puede hacer un trabajo educativo, produciéndose una situación de desamparo, un “maltrato institucional” a los menores protegidos.
En cuanto a la gestión del Gobierno de Aragón, Izquierda Unida reitera que no está garantizando el cumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia porque, lejos de poner los medios para solucionar los problemas detectados, no está poniendo ningún tipo de mecanismo para cubrir todas las necesidades de los menores que se encuentran en los COA, cuando tiene la tutela de los mismos.
“Todo este despropósito no sólo perjudica a los asalariados sino que afecta de forma directa a los derechos de las y los menores en protección”, denuncia Lafuente, quien hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la acción que el colectivo de trabajadores/as ha convocado para que el IASS les escuche y paralice este concurso para garantizar así los derechos de aquellos que son responsabilidad de la Comunidad Autónoma.