Este próximo martes llevaremos al Pleno de las Cortes la supresión del convenio del Gobierno de Aragón con Zaragoza Vivienda del servicio de mediación.
El Ejecutivo autonómico no firmó en el 2019 el convenio que tenía con Zaragoza Vivienda para el mantenimiento del “Programa de Mediación Hipotecaria y Arrendamientos” dejando de aportar los 120.000 euros previstos para el funcionamiento del mismo. Por este motivo, el Colegio de Abogados y el Colegio de Trabajadores Sociales (colaborando con 7 abogados/as y 2 trabajadores/as sociales) han dejado de prestar sus servicios en este programa y de prestar atención al público.
A esto se suma la decisión del Gobierno municipal de Zaragoza de suprimir el programa que asumía la atención a familias en especial vulnerabilidad en supuestos de usurpación de viviendas.
El acceso a la vivienda en Aragón no ha mejorado. Los datos dicen que la adquisición en propiedad de vivienda nueva se incrementó un 7,5 % en 2018 y, según el mayor portal inmobiliario, alquilar una vivienda es un 9,1% más caro que hace un año, muy por encima del incremento estatal. “Los precios al alza y sin control en el mercado libre hacen que acceder a este derecho recogido en la Constitución sea muy difícil para un amplio colectivo social vulnerable”, denuncia nuestro portavoz parlamentario y Coordinador, Álvaro Sanz.
Tampoco los desahucios en su conjunto, considerados todos los tipos de alzamientos habitacionales, han descendido considerablemente y “se evidencia que los esfuerzos públicos no están resultando suficientes”, lamenta.
A esta negativa fotografía de la situación del acceso a la vivienda en la comunidad, se añade el incremento de los inmuebles en los que la gente entra a vivir sin permiso de la propiedad (generalmente de entidades financieras y fondos de inversión). Muchas veces se trata de personas que se han quedado sin vivienda o cuyas familias apenas cuentan con recursos económicos.
“No compartimos la supresión del convenio ni del programa porque se ha demostrado que la medicación es un buen método para la resolución de conflictos”, señala Sanz, que añade que esto no sólo lo dice IU, “lo advierte el Reicaz”.
Esta situación ha motivado la pregunta que nuestro diputado formulará al consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda en el Pleno de la semana que viene. Sanz le pedirá que explique los motivos por los que se ha ha suprimido el convenio con Zaragoza Vivienda y detalle las medidas alternativas que tiene previsto desarrollar en materia de mediación para buscar una solución al problema habitacional.