El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la autorización para que las corporaciones locales puedan usar el superávit para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) es un “parche” ante el bloqueo en los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018. “Con el superávit no se cubren las inversiones más importantes, no se puede hacer obra nueva, ni escuelas infantiles, ni centros de mayores”, por ejemplo, lamenta el responsable de Acción Política e Institucional, Pablo Muñoz, para quien “el ministro sigue asfixiando a los ayuntamientos aragoneses al mantener las restricciones a las inversiones y en materia de personal”.
En su opinión, la medida es “insuficiente y sólo responde a la soledad en que se encuentra el Partido Popular en estos momentos, que necesita aprobar los Presupuestos y el único camino que tiene es empezar a ceder, aunque sigue sin ser, de lejos, la solución óptima”, explica Muñoz.
“Esta medida no supone nada nuevo, ya que eso ya se podía hacer cada año”, comenta el responsable de Acción Política e Institucional en relación con la disposición que, en cada ejercicio, se incluye en los Presupuestos Generales del Estado y con la que se regula a qué y cómo pueden destinar los Ayuntamientos su superávit del año anterior, es decir, el marco y plazos de las Inversiones Financieramente Sostenibles.
Además, hay un problema añadido y es el margen de ejecución real, a la vista de que el ministerio de Hacienda cuestiona ahora que las IFS desbloqueadas en diciembre puedan ejecutarse ahora con cargo al superávit.
Por ello, anunciamos que seguiremos luchando contra “la deuda ilegítima y los recortes” y presionando para que “la autonomía local vuelva a ser realidad”.
Y es que, según afirma Muñoz, “las entidades locales siguen dependiendo de las autorizaciones del Ministerio de Hacienda y la regla de gasto sigue priorizando el pago de la deuda por delante del gasto social”. Además, resalta que los ayuntamientos continúan con la tasa de reposición cero, que impide cubrir las plazas dejadas por las personas que se jubilan.
“Si algo necesitan los ayuntamientos es personal para poder atender de forma adecuada a las y los vecinos, además de solventar la carga de trabajo que el funcionariado público está asumiendo a consecuencia de los recortes”, concluye.