I.U. FIJA SU POSICIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Izquierda Unida ve con preocupación la reducción de ingresos por transferencias de otras administraciones relacionadas con el empleo. El instituto aragonés de empleo baja su aportación de 27.000 € a 14.000€. El Plan Provincial de concertación económica la baja de 85.000€ a 65.000€.
IU ha planteado al PSOE que intente hacer una valoración de los puestos de trabajo con los propios trabajadores con un espíritu de responsabilidad, teniendo en cuenta las posibilidades de un ayuntamiento que invierte un 43.9% de su presupuesto en gastos de personal y las justas remuneraciones que corresponden a los trabajadores, evitándose los 20.000 € previstos para externalizar un estudio técnico sobre este tema.
Le hace partícipe de la necesidad de planificar los objetivos de desarrollo de la localidad cambiando el diseño actual de ayudas a la actividad económica.
Le plantea la corrección de partidas que no pueden fijarse por los gastos del año anterior, ya que no son actividades repetitivas.
Le resume las partidas de gastos en actividades relacionas con la promoción de la localidad cuyos mayores beneficiarios son los empresas relacionadas con el sector servicios, siendo que están exentas de tributación del IAE la mayoría de ellas.
Le reprocha nuevamente la pérdida de ingresos por su decisión de no ir a concurso de acreedores en la liquidación de Pirenarium, que nos irían muy bien para ir introduciendo actividades de cierta importancia.
Le recrimina el convenio con Ibercaja para reducir la cantidad económica de los avales comprometidos para reparaciones en la urbanización de Latas.
Le hace la comparación de las partidas de ocio, cultura y deportes que suben moderadamente y no aborda las correcciones en materia de acción social que hacen que algunas partidas ni siquiera se asignen.
Le recrimina que no se aborden políticas claras de actividad económica propias de un gobierno socialista y no se aborden propuestas de planificación de la economía local.
Por último nos parece un error no incorporar ninguna partida para la reactivación de la agenda local 21, que permitiría a los ciudadanos participar en la planificación del futuro de nuestra localidad.
Le hacemos sabedores de que en esta legislatura nos hemos sentido realmente incómodos con sus decisiones y resaltamos la imposibilidad de llegar a acuerdos en la propuesta de ordenanzas municipales de 2015.
Por todo ello el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, decide votar abstención en los presupuestos municipales para 2015.
Fdo: Miguel Paradís Villacampa (Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo)
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Wikileaks filtra un documento sobre la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) que confirma la intención de la Unión Europea de entregar los servicios públicos a las grandes empresas.
Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EE UU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.
Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EE UU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.
¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?
Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.
El documento filtrado por Wikileaks muestra que pretenden «vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas»
Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EE UU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.
Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.
El negocio de los servicios
Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.
Una coalición de países, que se llama a sí misma «los mejores amigos de los servicios» se han puesto a negociar para abrir al mercado la educación, los servicios sociales, los servicios medio ambientales, la sanidad…
El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.
“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.
Las 10 decisiones que el Gobierno tomó en 2014 y que te cambiarán la vida en 2015
La Policía podrá intervenir teléfonos particulares en caso de «urgencia» sin autorización judicial
Es una de las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno del PP. La medida ha sido incluida en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que fue aprobada a principios del mes de diciembre de 2014 por el Consejo de Ministros.
Los ciudadanos que intenten paralizar un desahucio podrán ser duramente sancionados
Esta es una de las muchas amenazas que se ciernen sobre la ciudadanía en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o «ley mordaza», como se la ha bautizado ya, que el Senado aprobará a primeros de 2015. Así, evitar desahucios pueden costar a un ciudadano entre 600 y 30.000 euros. También será sancionable realizar protestas tipo escrache, grabar imágenes de agentes de policía o participar en manifestaciones no autorizadas. La cuantía de las multas previstas por Interior puede llegar en el peor de los casos a 600.000 euros.
Los inmigrantes que entren en España «ilegalmente» serán sometidos a «devoluciones en caliente»
Fue una de las enmiendas que el PP logró introducir a última hora a la Ley de Seguridad Ciudadana gracias a su mayoría absoluta en el Senado.
Las lesbianas y las mujeres sin pareja quedan excluidas de las técnicas de reproducción asistida
Es una de las reformas aprobada por Ana Mato mientras ha estuvo al frente del Ministerio de Sanidad que afecta a los derechos básicos de las mujeres. Su ministerio impulsó cambios en la ley de Reproduccíon Asistida aprobada en 2006 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para excluir a las lesbianas y a las mujeres sin pareja de las técnica de reproducción asistida. La modificación fue realizada en 2013 pero no entró en vigor hasta principios de 2014.
Pagaremos más por el gas y la luz, aunque el Gobierno diga lo contrario
El Ministerio de Industria y Energía afirma que a partir de enero de 2015 se congelará la parte regulada del recibo de la luz, conocida como peajes, después de que en 2014 la factura eléctrica de los hogares haya experimentado un descenso del 4,9% . Pero esto es solo un espejismo. Según mantiene la asociación de consumidores Facua, el cálculo hecho por el Ministerio que dirige José Manuel Soria «es mentira», puesto que en realidad la factura sube un 12% desde el próximo enero. Facua también sostiene que solo ha bajado un 1,8% en términos interanuales con datos de cierre de noviembre.
Si sufres un accidente o eres secuestrado en un país extranjero pagarás los gastos originados por el rescate
Lo deja claro en su artículo 39 la nueva ley de Acción Exterior aprobada por el Gobierno en marzo de 2014. A partir de ahora las autoridades españolas podrán «exigir el reembolso de la totalidad o parte» del dinero público empleado para asistir a españoles en el extranjero que se encuentren «en una situación de emergencia consular» cuando el ciudadano/a se haya «expuesto voluntariamente a riesgos».
Si visitas los Parques Nacionales ten cuidado con los cazadores
La reforma fue aprobada el pasado mes de noviembre y el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para colar una enmienda al texto por la que se prorrogan hasta finales de 2020 las «actividades comerciales», como la caza, en fincas privadas situadas en estos espacios naturales.
Pagaremos entre todos otro rescate, el de las autovías en quiebra
. La propuesta de convenio para salva a las radiales R-3 y R-5, y a ocho autopistas de pago ha supuesto levantar el concurso de estas carreteras y asumir la gestión pública de ocho concesionarias inmersas en una situación de insolvencia. La propuesta de convenio recoge una quita del 50 % de la deuda, así como el pago en un plazo de 30 años.
Entra en vigor la LOMCE, que promueve la segregación por sexos y hace evaluable la Religión
Además de blindar los conciertos con los centros que segregan por sexo a los alumnos, la nueva ley, entre otras cosas, ha suprimido la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha hecho evaluable la Religión y sus alternativas —Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Las notas de estas asignaturas contarán para la media del curso, tanto para la obtención de una beca como para calcular el resultado de las pruebas externas.
La Ley de propiedad intelectual y la “Tasa Google” desata la discordia
Podemos cambiar el actual modelo energético sin coste alguno para la sociedad española
Ramón Claver
Asturbulla, 03-01-2015
Las energías renovables son las más económicas del mercado eléctrico
Algo que ningún especialista del sector va a refutar. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Industria ha diseñado un marco retributivo que hace inviable, en la práctica, invertir en la instalación de nuevos parques renovables?
Según fuentes oficiales el sistema eléctrico está sobredimensionado. Permitir nuevas inversiones impediría la amortización de muchas centrales (sobre todo las de gas de ciclo combinado), de reciente instalación. Un curioso argumento puesto que nada ha impedido que el nuevo marco jurídico haya ahora, literalmente, arruinado a quienes escogieron invertir en parques fotovoltaicos o plantas de biogás.
Si el país debe cumplir sus compromisos de emisión de gases de efecto invernadero, solo cabe aumentar la penetración de renovables en el sistema eléctrico, o continuar con las políticas de austeridad para seguir reduciendo, como hasta ahora, la demanda agregada, el crecimiento económico y, en consecuencia, el consumo de energía.
Con las elecciones de este año en ciernes, la última opción no parece razonable para el ejecutivo de Mariano Rajoy, que deberá incumplir los compromisos medioambientales o apostar, en alguna medida, por nuevas inversiones en energía verde.
Pero para ello hay un problema a resolver: la escasa gestionabilidad de los parques renovables. Con el viento en calma, los días nublados durante los meses de diciembre – enero y la baja disponibilidad en los embalses, las renovables no pueden abastecer la demanda del mercado eléctrico.
Algunos especialistas señalan que para solucionarlo y disponer de un 80% de tecnologías limpias en la red, hay que invertir 9.000 millones de euros en sistemas de bombeo hidráulico. Y para acercarnos al 100%, es necesario potenciar el vehículo eléctrico (cuyas baterías son un buen método de almacenamiento) al igual que las tecnologías de almacenamiento químico, lo que podría suponer quizá otros 9.000 millones de euros adicionales.
Según estos cálculos, con una inversión del Estado de 1.800 millones de euros al año y un marco retributivo favorable a las renovables, podríamos tener un sistema eléctrico cercano al 100% renovable en 2024. Aplicar el impuesto a las transacciones financieras especulativas (el gobierno español ha mostrado una postura favorable) podría proporcionar los fondos necesarios sin necesidad de subir la factura de la luz ni afectar al 90% de los contribuyentes.
Cuestión de elegir entre seguir proporcionando vacaciones fiscales a la economía especulativa o mantener el planeta habitable para las próximas generaciones. Una elección aparentemente fácil.
El Gobierno no actuará sobre las inmatriculaciones de la Mezquita por no ser de su «competencia»
El Gobierno central ha transmitido al PSOE en relación a las inmatriculaciones por la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, en 2006, y del Triunfo de San Rafael, en 2011, en la capital cordobesa, que al tratarse de bienes «no integrados» en el Patrimonio de la Administración General del Estado «no hay actuaciones de defensa que deban realizarse» por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, «en el ejercicio de sus competencias».
Así lo expone el Ejecutivo, en una respuesta, a la que ha tenido acceso a Europa Press, tras la pregunta formulada por el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, quien recuerda que «la Iglesia Católica inmatriculó y registró a su propiedad, en el año 2011, un bien público cordobés como es el denominado ‘Triunfo de San Rafael’, ubicado entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y el río Guadalquivir», a lo que añade que «en el año 2006 hizo lo mismo con la Mezquita de Córdoba».
De este modo, el socialista ha preguntado al Gobierno si «tiene intención de tomar alguna medida contra esta apropiación de bienes públicos»; si «recurrirá ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación del Triunfo de San Rafael», y «¿cuántos bienes más ha inmatriculado la Iglesia Católica en la Provincia de Córdoba acogiéndose al Real Decreto de septiembre de 1998 que modifica el Reglamento Hipotecario?». Así, solicitó la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, desglosada por comunidades y provincias.
Ante ello, el Ejecutivo gobernado por Mariano Rajoy ha manifestado que en lo que se refiere a la Mezquita-Catedral, con ocasión de las actuaciones seguidas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a instancias de una denuncia interpuesta por un particular, que fue inadmitida en mayo de 2014, «se ha constatado que el bien no forma parte del Patrimonio de la Administración General del Estado, de acuerdo con el informe emitido a tal efecto por la Abogacía del Estado en Córdoba».
Igualmente, explica que «tampoco el Triunfo de San Rafael figura dado de alta en el Inventario General del Bienes y Derechos del Estado».
Reforma de la Ley Hipotecaria
Entretanto, en la respuesta se recuerda que el Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, «que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria en el cual se modifica la regulación en esta materia».
En concreto, precisa, «el actual artículo 204 de dicho proyecto normativo se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las Entidades de Derecho Público, sustituyendo lo establecido en el articulo 206 de la Ley Hipotecaria, y en el que destaca la desaparición de la posibilidad que se otorgaba a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que se recogía en dicho artículo, equiparándola al resto de personas jurídicas a efectos de inscripción».
Respecto a la revisión judicial de los títulos inscritos en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, el Ejecutivo destaca que «los mismos no dan lugar a un derecho ilimitado del inmatriculante, pudiendo impugnarse ante los tribunales en el plazo de dos años, por cualquier ciudadano que se considere con mejor derecho y así lo pueda acreditar».
Por otra parte, indica que «los datos referentes a las titularidades de dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles no se encuentran en poder del Ministerio de Justicia, sino en los Registros de la Propiedad en cuya circunscripción radiquen los inmuebles».
Ello se debe a la organización territorial que establece la Ley Hipotecaria e «implica la responsabilidad de cada uno de los Registradores de la Propiedad de los datos que obran en sus archivos, y de la publicidad que de ellos proporcionan», según se expone.
Asimismo, se apunta que «el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias», al igual que «tampoco los Decanatos Autonómicos o Territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles disponen de tales datos».
De este modo, precisa que «la publicidad de estos datos deben proporcionarla los registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes, como resulta de los artículos 222 a 237 de la Ley Hipotecaria».
¿Quién puede jubilarse de forma anticipada a los 61 años?
Todavía es posible anticipar el cobro de la pensión a partir de los 61, siempre que haya sido despedido antes de abril de 2013 o cuando la relación laboral se acabe por un ERE o por causas objetivas.
La jubilación anticipada es, por ahora, posible a los 61 bajo determinados requisitos.
«En cuanto pueda, me jubilo». Quienes sobrepasan los 55 años sólo tienen en la cabeza esta idea. Así lo demuestran los últimos datos, en los que se indica que el 41% de las nuevas prestaciones por jubilación pertenecen a menores de 65 años. Es decir, a quienes acceden de forma anticipada a la jubilación; aunque sea a costa de dejar de percibir un buen mordisco de su pensión; y a pesar de las trabas que existen. La estabilidad que, por ahora, aporta la Seguridad Social a quienes ya cobran de ella supera a los deseos del Gobierno para que la edad de jubilación real se retrase.
Pero no todo el mundo puede jubilarse anticipadamente. Este verano varios miles de ciudadanos han visto cómo se han rechazado sus solicitudes de jubilación, al tener suscrito un convenio especial e interpretarse que estaban dados de alta. Es decir, no se les podía aplicar la antigua ley con la que se podían jubilar a los 61, sino a los 63. Al final, Empleo ha dado marcha atrás y todos estos ciudadanos podrán jubilarse anticipadamente, aunque tengan suscrito un convenio especial, siempre que cumplan con el resto de requisitos. En estos momentos rigen tres sistemas para cobrar antes de los 65. «Es un proceso laberíntico que depende casi de cada cotizante y no se puede generalizar», afirma Manuel Álvarez, director de Particulares Vida y Pensiones de Caser.
Jubilación antigua a los 61 años. Hay un grupo de cotizantes que todavía se pueden beneficiar del régimen de jubilaciones anticipadas (hasta cuatro años antes de la jubilación ordinaria) que estaba vigente hasta diciembre de 2012. Se seguirá aplicando la legislación anterior siempre que se trate de personas que hayan sido despedidas (ya sea de forma improcedente, procedente, por ERE, etc.) antes del 1 de abril de 2013 y no vuelvan a darse de alta en el sistema. Eso sí, deberán acceder a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2019. Por eso, y siempre que cumplan los requisitos mínimos de cotización, serán los nacidos hasta 1957 quienes puedan jubilarse anticipadamente con las normas del antiguo sistema. Por ejemplo, este año pueden acceder a esta modalidad quienes nacieran en 1953 y hayan cotizado más de 30 años, por cumplir en este ejercicio los 61. Pero, por ejemplo, quienes nacieran en 1958 y tuvieran que jubilarse de forma ordinaria a los 65 (en 2023), si optasen por anticiparse cuatro años, ya habrán superado la fecha límite del 1 de enero de 2019 que impone la ley para acogerse al antiguo sistema. Por tanto, deberán acceder a la jubilación anticipada por alguna de las otras dos vías que indica la ley.
Nueva jubilación a los 61 años. Independientemente de su edad, es la fecha de la extinción de su contrato de trabajo la que marca la posibilidad de acogerse a la antigua o a la nueva jubilación anticipada. Si su despido ha sido posterior al 1 de abril de 2013, sigue pudiéndolo hacer a los 61 (cuatro años antes de la edad legal), pero solo quienes hayan sido despedidos «por causas objetivas, es decir, técnicas, organizativas, de producción o económicas, o a través de un ERE», recuerda Gloria Villar, senior associate de Mercer. Además, es necesario estar inscrito, al menos seis meses antes, en el Inem; y haber cotizado 33 años (y no 30, como antes). Esta experta indica que «ese plazo es teórico y se calcula como si el ciudadano siguiese trabajando hasta los 65, aunque no los haya alcanzado realmente». Villar explica que para acogerse a esta modalidad «el despido debe recoger todas las exigencias de la Seguridad Social». Es decir, no es posible hacerlo si el ciudadano ha sido despedido de forma improcedente. Varios asesores laborales indican que gran parte de los despidos que se formalizan en la actualidad para ciudadanos que rondan entre los 55 y 60 años son los objetivos, para que después puedan acogerse a la modalidad de jubilación a los 61. Además, existe un nuevo recorte en esta modalidad. «Antes, los coeficientes reductores que penalizaban por jubilarse antes, se aplicaban sobre la base de cotización, algo que no siempre afectaba a la prestación final, mientras que ahora se aplican sobre la propia pensión», explica Gloria Villar.
Jubilación a los 63 años. Es la modalidad que primará en el futuro, cuando los actuales pre-jubilados se vayan incorporando al sistema de pensiones y llegue el momento de jubilarse a quienes ahora son más jóvenes, por los requisitos de cotización exigidos en las dos modalidades anteriores, mucho más difíciles de cumplir entre quienes ahora se incorporan al mercado laboral. Esta modalidad no distingue entre el tipo de despido al que haya que acogerse para poder anticipar la pensión. Incluso, quienes ahora sean despedidos y no sea por causas objetivas o ERE sólo podrán jubilarse dos años antes de la edad legal, esto es, a los 63 años. El requisito para poder hacerlo es tener cotizados, al menos, 35 años durante su vida laboral.
Convenios especiales. El problema al que se pueden enfrentar muchos ciudadanos es que ni tienen trabajo, ni desempleo, ni pueden adelantar su jubilación. En estos casos, la opción viable es suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. «Pero no todo el mundo tiene ahorros suficientes para hacerlo», recuerda Manuel Álvarez. Aportar por esta vía hasta 9.000 euros por año, como máximo, para mantener los derechos de cotización adquiridos durante su vida de cara a la jubilación, es muy cuantioso.
