ORDENANZAS MUNICIPALES 2012

 

                Izquierda Unida de Sabiñánigo considera el año 2012 como un año de adaptación a la nueva realidad  en la que los Ayuntamientos  tendrán que desenvolverse en el futuro.

Un pueblo se caracteriza por ser el ámbito territorial más pequeño que tiene representación institucional, por lo que su representación debe ser lo más cercana a los ciudadanos que sea posible. Por ello  entendemos que se debe informar  de los motivos de las propuestas que se hacen, justificando que buscan, en criterio de quien las hace, el bien general por encima del individual.

Las ordenanzas de 2012 deben buscar una solución al problema del endeudamiento de la administración local, pero en el caso de Sabiñánigo no es el endeudamiento el problema, ya que es asumible, sino la liquidez para poder reducir los plazos de pago a los proveedores, que al fin es lo que permite agilizar la economía local, y desde luego mantener el empleo público que sea posible y favorecer la actividad del comercio local.

Para ello debemos ir primero a reducir el gasto lo máximo posible, en especial el que supone ingresos a grandes empresas no ubicadas en la localidad y también  buscar una carga fiscal adecuada  en  los  5 impuestos que la Ley de Haciendas Locales permite gestionar a los Ayuntamientos para poder cubrir el coste de los servicios que presta, de tal forma que la distribución del % se ajuste entre los límites que permite la ley de acuerdo con su afección a las propiedades familiares, al beneficio de las empresas o a los beneficios de ventas inmobiliarias.

Las propuestas presentadas por el Partido Socialista, no abordaban estos criterios, dándoles reparo subir el IBI en un año la mitad de lo que bajaron sin justificación el año anterior, causando  un déficit de 399.000 euros que tendremos que pagar con sus respectivos intereses.

Nuestra propuesta en concreto es:

-IBI. El 0,87% siendo el máximo el 1,1% y por prestar más servicios de los exigidos el 1.23%

IBI rústico: 0.78 de un máximo de 0.9  ó 1.1

Además  buscar la aplicación efectiva del recargo por vivienda vacía y hacer un estudio para ver si es de interés gestionar directamente el cobro del impuesto.

– Impuesto de construcciones: IPC, y establecer como obligatoria la valoración  definitiva de las obras.

-Impuesto de vehículos: el IPC

-Incremento del valor de los terrenos:

Tramo de 0 a 5 años………….. 3,7%

Tramo d hasta 10 años………..  3.5%

Tramo hasta 15 años………….. 3.1%

Tramo hasta 20 años………….. 2.9%

La reducción aplicable: el 40%

Tipo de gravamen: el 30%

-IAE: el coeficiente de situación fijarlo en: calle 1): 2.7, calle 2): 2.4,  calle 3): 2.3 siendo el máximo el 3.8

– En la ordenanza nº 6 de expedición de documentos. Eliminar el punto 6 de documentos extendidos o expedidos por las oficinas municipales, que dice:  “Servicios administrativos con ocasión de matrimonios civiles oficiados por Alcalde o Concejales 40€”

-En la ordenanza nº 28 suministro de agua: los contadores  de agua centralizados en comunidades, se aplicará el precio de suministro que corresponda tras dividir el consumo total por el número de vecinos de la comunidad.

Dado que la propuesta del equipo de Gobierno no busca los mismos objetivos que perseguimos, nuestro voto será en  CONTRA.

 

YO MILITO EN UN PARTIDO POLÍTICO

En pleno siglo XXI hemos conseguido que casi haya que ocultar la militancia en un partido político, si no se quiere causar un rechazo inicial o poner en guardia  a cualquier interlocutor. Parece que haya que separarse de quienes optan por integrarse en un colectivo para defender unas opciones políticas y no digamos de los cargos públicos, a quienes solo hay que acercarse cuando nos interesa  un tema en concreto y paso seguido negarle toda representación, siendo que en nuestro sistema  representan a los grupos políticos que los presentan y a todos los ciudadanos de la circunscripción por la que son elegidos.

¿Pero cómo hemos tenido tanto éxito en algo tan difícil como poner de acuerdo a casi todos los ciudadanos y ciudadanas de los países democráticos del mundo?

Es evidente que la mala actuación de los representantes políticos no es suficiente, porque pueden presentarse candidatos más preparados y ajustar las leyes para controlar sus actos, incluso la cadena perpetua para quien traiciona la confianza de los votantes.

Quizá tengamos que acudir a opiniones como la del politólogo Sheldon S. Wolin en su libro “Democracia S.A.” en el que advierte que las democracias son aceptadas en el mundo capitalista porque son controlables. Pero necesitan una baja organización social que apoye al poder político ya que debe legislarse en beneficio de las minorías y esto no puede hacerse si el pueblo hace llegar sus necesidades o apoyan a quienes las defienden.

También sabemos que la democracia favorece a las mayorías y estas se consolidan a través del control de los medios de comunicación que fomentan el bipartidismo, porque su ámbito de propuestas está dentro de lo aceptable por los grupos económicos  que los controlan. Esto supone que las propuestas de los grupos más pequeños no salen adelante, lo que impide modificaciones legislativas para corregir las aprobadas anteriormente. Y aquí estamos.

El  Guía de la sociedad es el dinero y su máxima representación la empresa privada, pero los empresarios ya no trabajan con su dinero, trabajan con el de todos y sale a escena una nueva casta social, los directivos, que tienen  salarios fuera de convenio.  Y las empresas ya no quieren trabajadores, quieren autónomos que asumen más responsabilidades y les supone menos gastos. Y para tener abundancia de ofertas  ayudamos a crear nuevas empresas con dinero público, de las cuales el 90% cerrarán llevando a la ruina al emprendedor y malmetiendo las ayudas aportadas. Esto es economía de libre mercado.

Los ciudadanos  que no se integraban en el sistema tenían ayudas sociales cuando el nivel de desempleo era del 4% , pero ahora que rondamos el 20% ya hay muchas más personas afectadas y entre ellas un gran colectivo de la nueva generación, educada en el consumo, pero sin recursos para consumir. Aquí surge el descontento.

Pero, ¿qué queremos cambiar? Queremos seguir como antes y si es posible mejor, por eso nadie propone revoluciones, sino cambios. Mejor reparto de los impuestos y mejor distribución de los recursos; también la paz, una nueva ley electoral, y otras propuestas  ya recogidas en algunos grupos políticos. Por fin el pueblo habla. Pero, ¿qué formato emplea? La protesta en la calle, las asambleas en barrios, las iniciativas populares, la solicitud de información. Y aquí llegamos a la participación ciudadana.

Las asambleas, aunque no quieran, necesitan portavoces, y aunque no quieran, tienen personas más preparadas para esas funciones, y otras que asumen más compromisos. Al final actúan como en cualquier partido político, pero nadie se plantea crearlo porque acto seguido sería como los demás, una oferta más dentro de las opciones políticas, con el rechazo inmediato de  los ciudadanos no militantes.

La participación en las democracias occidentales representativas  tienen sentido si se ejerce a través de los partidos políticos. Los partidos con representación institucional tienen acceso a la información y debería debatirse en sus estructuras con un trabajo continuado de las organizaciones políticas, pero esto, aunque se quiera, no es posible, porque los partidos tienen muy poca afiliación (mucho menos que los sindicatos). Los ciudadanos no aceptan este modelo, porque  la política está desprestigiada.

Reflexionemos si no sería de mayor interés que dentro de los colegios se trabajara el acercamiento y la práctica del debate político con temas actuales de la sociedad en la que viven los estudiantes en vez de permitir entrar a representantes de organizaciones religiosas, que deberían hacer su trabajo fuera de la enseñanza; siendo que la sociedad asigna a los ciudadanos agrupados en opciones políticas la responsabilidad de hacer propuestas  que planifican el futuro.  Si nuestros hijos nos plantean afiliarse a un partido político, es probable que les recomendemos que no se metan en líos. Nosotros mismos desprestigiamos nuestro sistema político, al  no valorar el trabajo de las estructuras básicas que lo componen.

Soy de la opinión que debemos trabajar para que nuestra democracia sea participativa  y pueda dar cabida a los ciudadanos individuales y agrupados en colectivos ciudadanos, pero estoy convencido de que la militancia política es motivo de orgullo, es  aportación de tiempo para buscar propuestas a los problemas que van surgiendo, también reclamando en la calle, pero lo más importantes es defenderlas  en los órganos donde se toman las decisiones, aunque se queden como minoritarias por falta de apoyo en las elecciones.

La democracia necesita demócratas, personas que quieren participar en las decisiones que les afectan. Y esta es la reflexión que dejo en este artículo. ¿No son los partidos políticos una parte sustancial de una democracia?

Yo creo que sí. Yo milito en un partido político, vi a personas mayores, que vivieron  la guerra civil, militando en él y quiero ser la conexión con la nueva generación, aportando lo que está en mi mano para que funcione correctamente.

 

Bar del polideportivo de la Plaza de la Constitución

 

Izquierda Unida Sabiñánigo  lamenta profundamente que el Alcalde de Sabiñánigo haya dado permiso para reabrir el bar del polideportivo de la Plaza de la Constitución.

 

Tras 4 años en los que el Concejal de deportes mantuvo el criterio de ir favoreciendo la desaparición de los puestos de bebidas alcohólicas de las instalaciones deportivas, no permitiendo abrir el bar del polideportivo, por  entender que el deporte no debe   relacionarse con el consumo de bebidas alcohólicas  y siguiendo las directrices de la concejalía de Servicios Sociales en relación con   los trabajos realizados en materia de prevención de drogodependencias, el alcalde de Sabiñánigo da permiso para la reapertura de este bar.

 

Nos preguntamos qué explicación  dará ante la reciente comisión  creada por el Plan Comarcal de drogodependencia, en  el que Sabiñánigo está aportando la cantidad de dinero que le corresponde, más de 13.000 €.

 

A nosotros  nos parece que no hay criterio político, que  hacen las cosas al son de lo que les piden para quedar bien, aunque suponga contradicciones con otras actuaciones que se desarrollan  por el mismo ayuntamiento y que en nuestra opinión tienen más importancia que dar un servicio de  distribución de bebidas en un centro deportivo que tiene a escasos 50 metros  3 bares de nuestra localidad.

 

 

ALERTA EMPRENDEDORES (ojo)

 

Las grandes empresas  guían la economía.

 

Como los costes laborales no pueden reducirlos por la exigencia de los trabajadores organizados, potenciaron la figura de los” autónomos”, que permite al trabajador de trabajar para sí mismo, lo que le anima a duplicar esfuerzos cobrando poco para competir con otros autónomos. Así se convierten en auto explotados, que logran  ingresos a puro de no cotizar para su futuro, llegando a la jubilación con los recursos justos para vivir.

 

Ahora envían el mensaje de los emprendedores. Cuando la economía no va bien, animan al ciudadano particular a que emprenda. Pero que efectos tiene esta medida.

 

Los gobiernos pagan a las cámaras de comercio para que asesoren a los emprendedores, pero no crean ellos el trabajo, no emprenden, solo cobran.

 

Los jóvenes y sus familias intentan entrar en cualquier actividad aportando sus recursos y las ayudas de las comunidades autónomas (que es dinero público, de todos) y acudiendo a créditos.

 

Como introducirse en nuevos mercados es difícil, se acude a competir con algunos de los que ya existen, pero al no haber más consumo del que había, o cierra la empresa que ya estaba o el negocio no funciona y fracasa el intento. Con lo que se ha perdido el dinero público invertido y el emprendedor queda endeudado en una situación mucho peor de la que tenía al principio.

 

¿Quien ha ganado en la jugada?: algunos comercios y talleres ya establecidos que hacen los arreglos de las nuevas instalaciones (si llegan a cobrar). Los bancos que tendrán un crédito avalado con otros bienes, y todos los que dan consejos que tienen su salario fijo.

 

¿Dónde están los guías de la economía? …Intentando crear consumo porque lo que tienen capacidad de producir no lo saben vender, pero no se dan cuenta de que el consumo lo generan las personas que tienen dinero, es decir los que tienen trabajo y salarios dignos.

 

Ellos mismos están matando a la gallina de los huevos de oro.

 

La Academia General Militar de Zaragoza Antonio Aramayona. Opinión.

 

La Academia General Militar de Zaragoza es una institución pública donde los futuros cuadros de las Fuerzas Armadas adquieren la formación requerida para los cargos y las funciones que les esperan. La Academia General Militar la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y es mediante los fondos públicos y los Presupuestos Generales del Estado como se costea los gastos generados por esa institución pública.

Por eso mismo, la presencia oficial de los cadetes de la Academia General Militar en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

La Guardia Civil es “un Instituto Armado de naturaleza militar que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tal como consta en el web del Ministerio del Interior. La Guardia Civil la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y es mediante los fondos públicos y los Presupuestos Generales del Estado como se costea los gastos generados por esa institución pública.

Por eso mismo, la presencia oficial de la Guardia Civil en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

Un ayuntamiento, una alcaldía, una corporación local, una corporación municipal, un gobierno municipal denominan una institución pública del Estado que realiza las funciones de órgano de gobierno o administración local de un municipio.

Por eso mismo, la presencia oficial de la Corporación Municipal de Zaragoza, encabezada por su alcalde Juan Alberto Belloch, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza tiene una titularidad pública y forma parte de los servicios públicos a cargo del Ayuntamiento zaragozano, institución pública del Estado.

Por eso mismo, la presencia oficial del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Zaragoza en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón es una institución pública del Estado al servicio de todos los españoles/as.

Por eso mismo, la presencia oficial  de la Jefatura Superior de Policía en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

El Cuerpo de Policía Local (también denominado en algunos municipios Policía Municipal o Guardia Urbana) es un instituto armado, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los Capítulos II y III del Título I y por la sección cuarta del Capítulo IV del Título II de la LO 2/86 de13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con adecuación que exija la dependencia de la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos.

Por eso mismo, la presencia oficial de la Policía Local de la ciudad de Zaragoza en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la festividad del Pilar es contraria al principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

En un país civil, moderno y democrático debe resultar perfectamente conciliable la libertad religiosa de las distintas confesiones (católica, judía, protestante o musulmana) con un Estado aconfesional y con unas instituciones públicas aconfesionales. La vida pública ciudadana pertenece a todos por igual y debe estar separada de las creencias de los individuos y de los grupos. El Estado aconfesional puede ser el garante del ejercicio pleno de todos los derechos y libertades, precisamente porque deja patente que las instituciones públicas y los espacios públicos están por encima y quedan al margen de cualquier confesión religiosa.

 

De igual modo, muchas de las fiestas tradicionales son expresión de tradiciones ancestrales y del sentimiento popular, y, como tales, forman parte de la cultura de una sociedad. Precisamente por ello, tienen pleno derecho a manifestarse en fechas determinadas, con tal de que cuenten con los debidos permisos gubernamentales. Sin embargo, lo público: las instituciones públicas, los actos públicos, los representantes públicos…, deben cumplir y hacer cumplir con claridad el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y de sus instituciones.

 

Antonio Aramayona es profesor de filosofía  y  miembro de Europa laica

 

 

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

D. Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sabiñánigo viene a formular para su aprobación la siguiente                                                MOCIÓN

INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 i 2010 en en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala yno tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el

artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.

Por ello  se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente

ACUERDO

Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a

disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha

comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EDITADAS POR EL MOVIMIENTO SINDICAL

Elige la opción que más te interese:
¿Qué prefieres?

A.     Cambiar TODAS las papeleras de la ciudad de Madrid (coste: 76 millones de €)

B.     Hacer que 3.300 profesionales sigan trabajando en la educación y no vayan al paro (coste: 80 millones de €)
¿Qué prefieres?

A.     Ver por todas partes en carteles que somos «la suma de todos» y que el metro de Madrid vuela (coste en 2011: 111 millones de €)

B.     Mantener una red de educación pública que pueda dar a TODOS la oportunidad de prepararse y llegar hasta donde quieran (coste: 80 millones de €)

¿Qué prefieres?

A.     Destinar dinero público a los que más lo necesitan (aulas de compensación educativa, desdobles para los alumnos con más problemas, departamentos de orientación que ayudan a alumnos con situaciones complicadas, aulas de enlace para alumnos que llegan y no conocen el idioma …) (coste: 80 millones de €)

B.     Destinar dinero público a los que más tienen (desgravación fiscal para las familias que llevan a sus hijos a colegios PRIVADOS) (coste: 65 – 90 millones de €)

¿De verdad crees que quitan recursos a la escuela pública para ahorrar dinero?

¿Aún piensas que la crisis es la causa de los recortes en la escuela pública? Si así fuese, ¿te has preguntado por qué no recortan también de la privada?

 

No te dejes engañar, en Madrid están intentando acabar con la Educación Pública para todos e imponer la Educación Privada para unos pocos, ¿LO VAS A PERMITIR?

 

DIFUNDE ESTE MENSAJE Y ACUDE A LAS MANIFESTACIONES, RECUERDA QUE TUS HIJOS SERÁN LOS PRINCIPALES AFECTADOS.

 

CARTA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN POLÍTICA

Izquierda Unida de Sabiñánigo quiere terminar esta legislatura valorando el trabajo político que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

La Asamblea de IU considera acertada la decisión que se tomó al inicio de legislatura de entrar a tomar responsabilidades de gestión sin apoyar con su voto al alcalde ni entrar en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

Nuestro trabajo en las concejalías que nos fueron asignadas ha sido importante, por ello entendemos que nuestro esfuerzo ha repercutido en beneficio de la población.

Debemos aclarar que las formas de hacer política de todos los grupos políticos han sido aceptables, entendiendo que exponer las diferentes opiniones, no debe llegar a la falta de respeto,   y el trabajo de los cargos públicos ha variado según la disposición de tiempo y el compromiso de cada uno, dejando claro que no todo el mundo ha dedicado el mismo tiempo y esfuerzo.

Sigue siendo la participación de las asociaciones las que orientan en muchos casos la vida política y deberemos trabajar para que siga siendo así, mejorando los cauces de comunicación entre cargos públicos y ciudadanos individuales o en asociaciones.

Dos cosas nos ha dejado un cierto malestar: la primera de ellas es ver que en ocasiones algunos concejales ha priorizado su interés como partido a su función de representación  de los ciudadanos, y la segunda la falta de reconocimiento por parte de  la alcaldía, al salir en los medios de comunicación, informando de trabajos  gestionamos desde nuestras concejalías sin requerir nuestra presencia, cosa que no hace con las que gestionan los concejales de su equipo de gobierno, que siempre le acompañan en las presentaciones. Véase el periódico comarcal en la información de las obras deportivas en la Corona, o algunos actos dentro de la residencia pública y en ocasiones hasta las reuniones con consejeros del Gobierno de Aragón.

También debemos reconocer que se nos ha dejado gestionar nuestras áreas, en las que hemos practicado siempre la contención presupuestaria    por entender que era lo que se necesitaba.

Para concluir, debemos valorar que las poblaciones como Sabiñánigo necesitan la aportación de todos los representantes públicos que tengan interés en trabajar, porque el trabajo cotidiano es necesario para poder conseguir una gestión cercana y enriquecedora.

IZQUIERDA UNIDA DEL ALTO GÁLLEGO PIDE REFLEXIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA SOBRE LOS BONOS DEL AUTOBÚS URBANO.

El Sr.  Fernando Gimeno, vicealcalde de Zaragoza, estima lógico diferenciar el precio de los bonos del autobús urbano para que sean más baratos para los empadronados en su ciudad.

Como es sabido, a raíz del Tratado de Maastricht, ya no se diferencia entre residentes y transeúntes o entre vecinos y domiciliados. Simplemente, los que residen habitualmente en el municipio constituyen su población y son los vecinos.

El Padrón, en la actualidad, es un registro administrativo donde se recogen las alteraciones que se van produciendo en la composición de la población.

Por tanto, la mera inscripción en el Padrón no es constitutiva del derecho al disfrute de los derechos del vecino, si no va acompañada de la residencia habitual.

El autobús urbano, es un servicio que lo emplean las personas que residen en la ciudad, estén empadronadas o no, y las causas que llevan a personas no empadronadas a residir en una gran ciudad vienen motivadas por las infraestructuras que alberga, la mayoría de ellas financiadas por administraciones de mayor ámbito que la municipal; dígase las Universidades, hospitales, etc.

Desde nuestra Comarca creemos injusta la pretensión de hacer esa diferenciación entre empadronados y no empadronados, y calificamos esta decisión de estrecha de miras. ¿Cómo vería el vicealcalde que los ciudadanos de segunda residencia en Sabiñánigo le cobráramos otro precio en el autobús por ser de Zaragoza, o cuando van a nuestros polideportivos los jubilados de su ciudad les cobráramos diferente? Pues eso es lo que les pasará a nuestros estudiantes y todas las personas que necesitando estar, durante una etapa de su vida, en su ciudad (comiendo, pagando alquileres y generando riqueza) por necesitar los servicios que no podemos tener en nuestros pueblos y Comarcas. Siendo el único condicionante el de inscribirse en su Padrón dejando de estarlo en el de sus pueblos.

Hay servicios que pueden plantear el requisito de estar empadronados, pero otros no se deben ni proponer porque refleja la intención de ‘mirarse al ombligo’ de la persona que lo propone.

Fdo: Federico Escobar Albertín (Coordinador de Izquierda Unida en el Alto Gállego)

RAZONES PARA VOTAR A IU

§  PORQUE SOMOS ACCESIBLES.

§  PORQUE PENSAMOS EN EL FUTURO CUANDO TOMAMOS UNA DECISIÓN.

§  PORQUE SABEMOS QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, MAS IGUALITARIO Y EN PAZ.

§  PORQUE NOS INDIGNAMOS CON LAS INJUSTICIAS.

§  PORQUE SABEMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON PARA TODOS.

§  PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE SER TRABAJADORES/AS.

§  PORQUE VALORAMOS A LAS PERSONAS COMO VECINOS SIN IMPORTAR LA CONDICIÓN SOCIAL.

§  PORQUE SABEMOS QUE LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA SON LA BASE DE LA PAZ.

§  PORQUE SABEMOS QUE EL RESPETO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA SU DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO.

§  PORQUE SABEMOS QUE LAS LEYES SON PARA TODOS. TAMBIÉN PARA NOSOTROS.

§  PORQUE CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LA TRANSPARENCIA.

§  PORQUE CONTAMOS   CON   LA OPINIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDAD. TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LOGRAR EL BIENESTAR.

§  PORQUE SABEMOS QUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO HAY QUE COMBINAR LOS SECTORES: AGRARIO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y SERVICIOS.

§  PORQUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE REPRESENTAR A LOS CIUDADANOS.

§  PORQUE NOS BASAMOS EN HECHOS  Y NO EN INTENCIONES .

PORQUE NOS GUSTARÍA CONTAR CON VUESTRO APOYO PARA PONER EN PRÁCTICA NUESTRAS IDEAS.

 

‘COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS SOBRE ALGUNAS CONFUSIONES DE IDENTIFICACIÓN ENTRE LAICISMO Y ATEISMO’

 

En relación con recientes acontecimientos protagonizados por algunos colectivos ateos que han sido categorizados como supuestos actos de laicismo radical por colectivos confesionales, de forma equívoca y malintencionada, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid declara:

1.- El laicismo, es un movimiento social que pretende crear las condiciones políticas y jurídicas para el pleno ejercicio de la libertad de conciencia. Por tanto, por su propia naturaleza, se enfrenta frontalmente con toda posición que desde el Estado o desde la sociedad pretenda restringir cualquier manifestación de dicha libertad.

2.- En consecuencia, al no ser el laicismo una cosmovisión ni una creencia, no ofrece criterios normativos sobre lo que debe o no debe creerse, o sobre el carácter de veracidad de cualquier creencia o convicción, sea ésta filosófica, política o religiosa, ni interfiere en el libre ejercicio que adopte la exteriorización de cada conciencia individual, ya sea a través de actos o ritos de naturaleza civil o religiosa.

3.- El movimiento laicista no admite, por su propia naturaleza, ningún tipo de adjetivaciones peyorativas. Contra los que pretenden asociarlo a hostilidad ante la religión o ante la práctica de ésta por parte de personas con dichas creencias, declaramos, una vez más, la absoluta falsedad de este argumento.

4.- Nuestro estilo de trabajo se caracteriza por la extensión, la difusión y la práctica seria y consecuente de los principios que defendemos, sin recurrir a fáciles provocaciones que puedan interpretarse como hostiles a ninguna creencia ni convicción.

5.- El laicismo se sitúa frontalmente en contra de los privilegios económicos, políticos, sociales y simbólicos que la Iglesia católica detenta merced a una legislación, a nuestro juicio anticonstitucional, que conculca la libertad de conciencia de tod@s l@s ciudadan@s, la igualdad ante la ley y la no discriminación por motivo de las creencias individuales.

6.- Por eso seguiremos denunciando la pervivencia de unos Acuerdos con la Santa Sede que se impusieron, con nocturnidad y alevosía, sobre la Constitución y sobre toda la legislación civil española. Por eso seguiremos pidiendo la derogación de la Ley Orgánica de Libertad religiosa y su sustitución por una verdadera Ley de libertad de Conciencia. Por eso seguiremos denunciando los privilegios que en el Código Civil se otorgan a las creencias religiosas, a partir de los cuales se trata como delincuentes a personas que expresan sus ideas libremente.

7.- Ello nos lleva a denunciar dichos privilegios, y concretamente la presencia confesional católica, en el ámbito de la Administración del Estado, en las instituciones públicas (hospitales, universidades, escuelas públicas, judicatura, conmemoraciones institucionales,…) y en los comportamientos de unas autoridades públicas que, precisamente, deberían de ser custodias de este supuesto carácter aconfesional del Estado, hoy manifiestamente ignorado.

8.- Asimismo, seguiremos trabajando en todos aquellos ámbitos donde la Iglesia católica, o cualquier otra confesión religiosa, intente imponer su moral particular en el ámbito social o en el de las instituciones públicas. En tal sentido, seguiremos luchando por el derecho a vivir sin imposiciones morales, por el derecho a vivir dignamente, así como también, por el derecho a morir con dignidad. En definitiva, por toda actuación que consideremos atentatoria contra los derechos humanos.

Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid     Abril 2011    

¿Justicia o caza de brujas?

Juan Torres López (Rebelión)

 

Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.

Juan Torres López es catedrático en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
Suscriben el texto otros 38 profesores universitarios:
Joaquín Arriola, Charo Baquero, Francisco José Barba, Javier Barreda, Juan Ramón Capella, Jesús M. Castillo, Elias Cueto, Victoria Delicado, Rosa María Díaz, Enrique Javier Díez, Alicia Durán, Angela Espin, Jesús Esteban Hernández, Armando Fernández Steinko. Mª Jesús Fuentes Rebollo, Lina Gálvez, Manuel García Jiménez, Manuel García Jiménez, Julián Garrido, Manuel Gonzalez Mariscal, Ana Jorge Alonso, Pedro Lacámara, Manuel Ledesma, Vicente Manzano, María Lamuedra, Pedro López, J. Luis Malagón, Leandro del Moral, José Luis Morales, Miguel Ángel Luque, Facundo Muñoz, José Antonio Navarro Fernandez, Emilia Sánchez de la Blanca, Miguel Pérez Sancho, Raquel Rico Linaje, Ramón Sánchez Tabarés, Jesús Sanz Abad y Francisco Sierra Caballero.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

ARREGLEMOS EL PUEBLO

 

Izquierda Unida de Sabiñánigo ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que reclame, a la empresa propietaria de las instalaciones de  la antigua Aludisc, el arreglo de  la valla exterior que da a la avenida de Huesca; por el riesgo que supone para los viandantes el mal estado de la misma.

Izquierda Unida cree que los propietarios de las instalaciones de empresas deben tener las mismas exigencias que los propietarios de las parcelas urbanas, y debe exigírseles el mantenimiento adecuado de las instalaciones que  limitan con la zona pública. Por ello, y tras el esfuerzo hecho, por otra empresa de la misma avenida, al acondicionar su valla exterior, entendemos que es un buen momento para solicitar  la sustitución de los tramos  de valla deteriorada del resto de la avenida de Huesca.

También ha solicitado  que informen a los responsables de la salida de desagües industriales, en la misma zona,  que es conveniente el corte de la hierba por el riesgo de incendio en estas fechas de altas temperaturas.

                                      EMPLEO INDUSTRIAL PARA SABIÑÁNIGO

 

Izquierda Unida reclama empleo industrial para Sabiñánigo, y pide a la población  en general, empresarios, trabajadores en activo, parados, jubilados, y jóvenes, de todos los sexos y sea cual sea su posición política o sindical, que tomen conciencia de la importancia de estar unidos  y movilizarse para reclamar empleo industrial para nuestra población.

 

Sabiñánigo viene perdiendo empleo industrial sistemáticamente, pero la situación actual se muestra más preocupante que en etapas anteriores. La sociedad no actúa ante la pérdida de empleo. La individualización de la vida social sugiere a los ciudadanos buscar soluciones a sus problemas, a los de su empresa o la de su familia de forma individual. Confía en la representación social, a través del Consejo de Fomento, y en la Política, a través de los grupos políticos municipales, para buscar alternativas a la pérdida de empleo industrial; pero todo esto no es suficiente.

En este momento es necesaria la movilización social, que haga ver la situación de emergencia en la que está entrando Sabiñánigo, como Ciudad que nació por la industria y que tendrá serios problemas para sobrevivir sin ella.

El problema de Sabiñánigo es que ha perdido el principal atractivo, que hizo venir a la mayoría de empresas existentes a nuestra localidad, que no es otro que las condiciones favorables en el precio de la energía. Esta ventaja se eliminó socializando el precio del transporte de la energía, lo que benefició a muchas poblaciones, pero perjudicó a la nuestra.

La mejora de las comunicaciones y la abundancia de agua son insuficientes para mantener un número de empleo en grandes empresas, de las que dependen muchas de las empresas pequeñas, ya sean talleres, tiendas de alimentación, vestido o complementos, cuya  actividad depende de los trabajadores de estas empresas y sus familias.

La situación actual afecta a todos, por lo que todos debemos reaccionar. El cierre de Dequisa o la reducción de plantilla de INASA, son indicadores de que el empleo industrial se sigue reduciendo en nuestra población, y que nos muestran que en un sistema capitalista las empresas se guían por criterios económicos y que ninguna Ley del sistema puede impedir que cierren o que se vayan, a pesar de una excelente actuación sindical y de las autoridades laborales.

Por ello, Sabiñánigo debe reclamar un compromiso de empleo industrial, que reconozca y compense el esfuerzo de socializar el precio del transporte de la energía, con una cantidad determinada de puestos de trabajo en grandes empresas, que puede fijarse en los existentes en diciembre de 2005, por considerar que: por debajo de esta cantidad de empleo industrial, el empleo en las pequeñas empresas de la zona puede entrar en una caída escalonada. Transportistas, talleres, comercios… no podrán subsistir con la actividad turística del territorio.

JOSÉ LUÍS SANPEDRO

Carta a Don José Luís Rodríguez Zapatero. Presidente del estado Español.

Y al resto de las señorías que portan la representatividad parlamentaria. Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha. Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia. Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido. Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en sus artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional. Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación. Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo. De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla. Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo. Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución. Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot. Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto. Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia. Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía. Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos. Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.  Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas. Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó. Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo. Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Así lo espero.

La escuela y la necesidad ética de ser anticlerical

Pedro L. Angosto   Rebelión

En palabras de los profesores Suárez Cortina y La Parra López, autores del libro Anticlericalismo español contemporáneo, a nuestro juicio uno de los mejores estudios sobre la cuestión realizados en España, el anticlericalismo es simplemente la lucha contra el clericalismo, un fenómeno que se desarrolla más en aquellos países donde el predominio y la influencia del clero es más significativo en aspectos mundanos de la vida, adquiriendo, también en esos países, connotaciones extremas que han desembocado a veces en episodios violentos. Sin embargo, no es la violencia una característica consustancial al anticlericalismo, todo lo contrario. Normalmente, los anticlericales han sido personas de una enorme formación humanística, incluso cristiana, hasta el punto que en muchos de ellos el gesto anticlerical nacía de un rechazo frontal a la tergiversación y manipulación que la Iglesia católica había hecho de la doctrina cristiana primigenia en beneficio de su jerarquía y de las clases dominantes más retardatarias, aunque la verdadera razón de ser del anticlericalismo hay que inscribirla necesariamente en el proceso de secularización, racionalización y modernización de la sociedad que entre nosotros comienza en el siglo XIX.

Anticlericales españoles ilustres fueron Moratín, Blanco White, Goya, Pérez Galdós, Clarín, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Pi y Margall, el Dr. Rico, Antonio Machado, Verdes Montenegro, Eugenio Noel, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Pérez de Ayala, Marcelino Domingo, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Augusto Barcia, Roberto Castrovido, Odón y Demófilo de Buen, Manuel Azaña y, en definitiva, buena parte de los intelectuales españoles de los dos últimos siglos. Pero fue quizá Manuel Azaña, en el célebre discurso parlamentario en defensa del artículo 26 de la Constitución de 1931, quien mejor ha sabido definir las esencias del anticlericalismo español. Fue en aquella alocución cuando Azaña dijo que “España había dejado de ser católica”, frase manipulada hasta la extenuación por el franquismo y sus seguidores actuales. Empero, nunca como en aquella ocasión, político alguno tuvo palabras más encomiásticas para la Iglesia católica española, para aquella Iglesia que durante unos siglos se confundió con el propio Estado, con la producción intelectual, con el ser de España, pero que al terciar el siglo XX se había convertido en una auténtica rémora para el progreso social de España, unida e identificada como estaba a los sectores más reaccionarios del país. Se quiso entonces –con mala fortuna, es evidente- aplicar a España las leyes laicistas que estaban en vigor en Francia desde 1905. Se trataba únicamente de que los creyentes sufragasen los gastos de la Iglesia, de que los clérigos se dedicasen exclusivamente a su “oficio” y no a moldear y controlar las mentes de los niños, de que el Estado no otorgase privilegios ni tratos de favor a confesión religiosa de ningún tipo. Nada más.

Hoy, después de cuarenta años de nacional-catolicismo criminal, unas semanas después de que las distintas administraciones se hayan gastado más de cincuenta millones de euros en la visita a España del Jefe del Estado Vaticano, mientras la insignia educativa de Gobiernos autonómicos derechistas como el valenciano, el madrileño, el catalán o el manchego sigue siendo dar miles de millones a los colegios católicos en detrimento de los estatales dentro de un ataque sin precedentes al sistema educativo público que, so escusas económicas insostenibles, pretenden desamortizar a favor de las órdenes religiosas; abrumados por la implicación política de la Iglesia católica española, que sigue unida a las facciones más ultramontanas de la sociedad española y empeñada en la desestabilización política y reaccionaria del país que promueve su partido –el popular- y medios propios y afines como la COPE o El Mundo, que continúa atada a lo mundano tanto como cualquier buscador de fortuna, somos muchos los españoles que nos sentimos anticlericales, que reclamamos el derecho a ser anticlericales, que exigimos al Estado –hace casi un lustro, el 1 de enero de 2007 se cumplió el plazo pactado hace ya años para que la Iglesia se autofinanciase- que suprima el presupuesto destinado al clero, que deje de subvencionar colegios confesionales, racistas y clasistas y dedique ese presupuesto a armar una enseñanza pública de calidad y laica, que, en fin, ya está bien, rompa cualquier tipo de amarras –salvo las diplomáticas- con una institución privada que debe ser sostenida sólo y exclusivamente por sus “socios” pagando por los servicios que de ella reciban.

España, todas las tierras de España, tienen un problema gravísimo con la Iglesia católica. Desde el siglo de las luces, esa institución se ha negado a cualquier tipo de progreso, ha influido en los poderes públicos para expulsar de nuestras universidades a los profesores e investigadores más valiosos, negó la teoría de la evolución y obligó a que todo el país la negara, impidió que Pérez Galdós obtuviese el premio Nobel de literatura, se opuso y se opone a los derechos civiles más esenciales, sobre todo aquellos que afectan a las mujeres, a la condición sexual de las personas y a la igualdad de todos ante la ley, ya que no paga impuesto alguno por el inmenso patrimonio que posee; en su locura por el dominio de las conciencias estuvo en el origen de la guerra civil de 1936 y amparó la terrible represión franquista. Lejos de mostrar arrepentimiento o de haber recapacitado sobre su lugar en el mundo de los vivos, hoy la Iglesia católica española recibe más de un billón de pesetas de las distintas Administraciones y, de acuerdo con su brazo político, pretende hacerse con el monopolio de la educación en España, lo que sin duda sería una catástrofe para un país que debe gran parte de su atraso, de su mala educación, de su amoralidad, de sus corruptelas, de sus chanchullos y de su fatalismo al dominio que sobre las conciencias han ejercido desde la noche de los tiempos quienes obedecen al Papa Santo de Roma y buscan, muy por encima del interés general, el de su empresa.

No hay en estas palabras –enseguida alguien saldrá hablando de odio, de rencor, de guerracivilismo y otras patrañas- la más mínima animadversión hacia la Iglesia romana, todo lo contrario, hay en ellas un anhelo regeneracionista que enlaza directamente con las palabras de los teólogos Jon Sobrino, Miret Magdalena y Hans Küng: La Iglesia católica sólo será ella misma cuando vuelva los ojos al Evangelio y no dependa económicamente más que de sus feligreses; también, como no, el deseo de que el Estado español sea totalmente laico, lo que nunca entrará en contradicción con el hecho de que los españoles puedan ser o creer en lo que quieran o apetezcan.

 

 

FONDOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO RURAL

 

Miguel Paradís Villacampa, Portavoz del Grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha presentado una Moción al pleno de la Corporación, con el fin de reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente que no retire la financiación comprometida en este programa que busca facilitar el desarrollo rural y en el que participaron diferentes entidades y agentes sociales y económicos de la Comarca. La moción incluye para su aprobación tres puntos:

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo rechaza el unilateral incumplimiento que hace el MARM de la propia Ley de Desarrollo Rural Sostenible que supone un grave frenazo al Desarrollo Rural de nuestras Comarcas que confiaron en el Plan de Desarrollo Rural elaborado con la participación de las entidades y agentes sociales y económicos de cada una de ellas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo acuerda dirigirse al Gobierno de Aragón para que urgentemente reclame ante el MARM el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado el 4 de junio de 2010, con una dotación para el periodo 2010-2014 de 1810 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

3.-Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados solicitándoles que requieran al MARM para que cumpla estrictamente lo recogido en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por el gobierno el 4 de junio de 2010.

ORGANIZACIÓN COMARCA ALTO GÁLLEGO

 

Izquierda Unida del Alto Gállego votó en contra de la propuesta de organización de la Comarca del Alto Gállego presentada por su actual Presidente, (nombrado por 7 votos del PAR y 6 votos del PP).

            La derecha nacional y la autonómica, que tanto han reclamado austeridad, dan un primer paso creando 2 Vicepresidencias. Una cobrando 39.000 euros (PAR) y la otra 18.000 (PP).

             Izquierda Unida ya se opuso la legislatura anterior a que las Vicepresidencias cobraran pluses diferentes a los demás consejeros (600 €).  Izquierda Unida entiende que deben cobrar las asistencias motivadas por su trabajo con la limitación establecida.

             En las Comarcas no está justificado ni el trabajo a tiempo completo del Presidente, pero mucho menos el de dos Vicepresidentes, aunque en este caso se quiera justificar con que el Presidente no tenga sueldo.

           Señor Presidente, Si no quiere cobrar su sueldo, nos parece algo loable, sobre todo si no lo necesita, pero la representación de la Comarca corresponde al Presidente. Si no va a hacer su trabajo debería dejar el puesto, y si lo va a hacer, de ninguna manera se justifica una Vicepresidencia y mucho menos dos.

              Izquierda Unida quiere hacer una oposición constructiva y el primer paso es dar a conocer las contradicciones de quienes gobiernan la Comarca y el segundo será reconocer los trabajos que se hagan bien y criticar los que no se hagan o se hagan mal, aportando las propuestas de mejora que nuestra asamblea sea capaz de establecer.

AUDITORIA MUNICIPAL ¿PARA QUE?

 

La Asamblea Local de IU en Sabiñánigo decide no apoyar la propuesta del Partido Popular de hacer una auditora económica y organizativa en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Izquierda Unida cree que la vigilancia de las actividades de las Corporaciones Locales en una democracia, reside en la honestidad de los cargos públicos, en la profesionalidad de los funcionarios públicos, en los controles de la propia administración y en el control de la oposición.

            Los casos de corrupción que se dan por algunos cargos públicos deben ser detectados con más agilidad y desde luego denunciados ante el juzgado correspondiente para saber la responsabilidad de todos los órganos y personas implicadas,

            Lo que no parece aceptable es que se generalice la sospecha sobre las administraciones públicas, ni sobre los ciudadanos que ejercen la función temporal de representar a los ciudadanos, ni sobre los funcionarios de las administraciones.

            Mucho menos aceptable es que un grupo político pretenda gastar dinero en auditorías, internas o externas, con el fin de que le hagan el trabajo de control que deberían hacer ellos en su función de oposición.

            Pero lo verdaderamente curioso es que se pretenda contratar a una empresa para que nos haga una propuesta de organización municipal, siendo que cualquier grupo político puede presentar una propia para su estudio y una propuesta de modificación de la actual. Nadie mejor que los responsables de los departamentos municipales saben donde se necesita más personal y donde, por la reducción de actividad, se puede hacer un cambio de funciones de los trabajadores.

            Por ello, Izquierda Unida no ve motivo para gastar dinero en una auditoría económica, que ya la hace el Tribunal de Cuentas del Estado todos los años, ni de una auditoría organizativa, ya que considera perfectamente capacitados para organizar nuestro ayuntamiento a los funcionarios y responsables políticos.

             Izquierda Unida en su control de la gestión política no ha detectado actitudes que deban denunciarse ante el juzgado en nuestro ayuntamiento, y las que no comparte políticamente las defiende en los órganos correspondientes y lo comunica a la opinión pública. Por ello invita a los demás grupos a que si son conocedores de actitudes ilegales lo comuniquen, si tienen propuestas, las presenten, pero no se colabore a dar una mala imagen de las administraciones públicas, que al final son un reflejo de la propia sociedad en la que vivimos.

            Izquierda Unida propondrá que las cuentas de 2010, pasado el periodo de exposición pública, se envíen al Tribunal de Cuentas como se hace siempre, pero  después, se habrá un período de dos meses más de exposición pública para que los ciudadanos puedan consultarlas y formular las preguntas, dudas o sugerencias que estimen oportunas, así como cualquier actuación municipal que considere que debe ser estudiada, siendo atendido por algún funcionario en los casos explicativos y enviado a la comisión de atención al ciudadano los casos diferentes.

            La trasparencia y la confianza son necesarias en la vida pública.

Dueños de nuestra propia suerte

La iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones del Estado no se lo otorgasen.(29/06/2011 ANTONIO Aramayona. Profesor de Filosofía)

En la Grecia y la Roma clásicas, la ocupación filosófica prioritaria era cómo llegar a ser feliz, es decir, cuál es el camino que conduce a una forma de vida y un estado de ánimo que proporcionen auténtico placer y ayuden a asumir de forma positiva las desgracias y las frustraciones. La gente amaba la vida e intentaba pasarlo bien, ahuyentando en lo posible la tristeza y los estados depresivos. En resumidas cuentas, querían llevar una vida buena y una buena vida, por lo que también aceptaban con naturalidad que la muerte debía ser igualmente buena y digna. Acabar con la propia vida era un derecho socialmente aceptado, e incluso la ley romana contemplaba el suicidio por cansancio de vivir como un motivo aceptable, ya que la vida pertenece solo a cada persona, que tiene plena autonomía para decidir libre y responsablemente cómo vivir y cómo morir bien.

Sin embargo, en esa misma época los esclavos y los soldados tenían prohibido suicidarse. Para el resto, se trataba incluso de un acto honorable, pero soldados y esclavos no tenían ese derecho porque su vida no les pertenecía: los soldados pertenecían al Estado y los esclavos, a su amo. Salvo en esos casos, consideraban que bien vivir y bien morir es un acto de libertad personal, que nadie puede suplantar o vedar, de tal modo que cualquier pretensión de controlarlo atentaría contra el derecho inalienable de todos y de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte con plena autonomía.

Pues bien, los obispos católicos hispanos vuelven a arremeter contra la timorata Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (conocida como ley de muerte digna) prevista para el próximo período de sesiones parlamentarias. Hace unas fechas, el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, concertó con el católico militante ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que la iglesia católica no se opondría a la mencionada Ley, al menos hasta que el señor Ratzinger hubiese visitado Madrid en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud y hasta haber constatado la colaboración del Gobierno español en el éxito de dicha Jornada. Sin embargo, los obispos y las facciones más reaccionarias de entre las huestes católicas ven en los plácidos molinos de viento de esa Ley un intento de «colar la eutanasia», comparándola con «la matanza de ancianos», por lo que vuelven a expresar su condena respecto de la Ley de muerte digna.

Lo que realmente está en juego es la autonomía y la libertad de cada persona. Los obispos critican «una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta», pues afirman que la vida y la muerte pertenecen en último término a su dios, del que se declaran servidores e intérpretes. Poco hay que comentar a este respecto: si así lo creen, no tienen más que vivir y morir como crean conveniente, siempre que tuvieren claro que a los demás nos asiste el derecho fundamental e inalienable de decidir libre y responsablemente cómo vivir y morir bien y dignamente, y que nada ni nadie puede negar o controlar tal derecho. Mi autonomía es absoluta, pues depende de mí, solo de mí y nada más que de mí mismo. Mi vida y mi muerte no pertenecen a nadie, salvo a mí mismo, puesto que no tengo amo ni dueño.

En cualquier caso, la iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones públicas del Estado no se lo otorgasen de facto. Rouco Varela tendría los mismos derechos y obligaciones, ni uno más ni uno menos, que mi vecino de escalera, si Zapatero, Jáuregui, Bono o Juan Carlos de Borbón le reconociesen el mismo poder y los mismos privilegios que a cualquier otro ciudadano. La iglesia católica sigue recibiendo más de 10.000 millones de euros al año porque hasta el momento no ha habido un Gobierno o un Parlamento que hayan resuelto derogar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. La iglesia católica podría celebrar como cualquier otra institución privada su Jornada Mundial de la Juventud con tal de que pagasen de su bolsillo los viajes y los fastos, sin que el 50% estuviese financiado con dinero público, sin que Esperanza Aguirre obligase a los centros públicos de enseñanza madrileños a entregar llaves, abrir puertas y poner a disposición funcionariado público a los católicos que acuden a tal evento privado.

En 1974, 40 personalidades de la ciencia y de la cultura, entre ellas tres premios Nobel, dieron a conocer un Manifiesto sobre la eutanasia, que, entre otras cosas, dice: «Creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Esto implica que se le trate con respeto y se le deje libre para poder decidir razonablemente sobre su propia suerte».

La supeditación de las instituciones representativas a la banca

 Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo.

Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

Artículo publicado en El Plural

REPRESENTANTES DE IU EN LAS COMISIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 

Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Miembros de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

 

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

 

Comisión de Economía y Empleo

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

 

Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

 

Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

 

Comisión de Política Territorial e Interior

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

 

Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

 

Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

Sr. D. Luis Ángel Romero Rodríguez (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sr. D. Miguel Aso Soláns (GPIUA)

 

Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)

Miembros suplentes de la comisión

Sra. Dña. Ana Patricia Luquín Cabello (GPIUA)

 

 

JUNTA DE PORTAVOCES

 

Portavoces titulares

Sr. D. Antonio Torres Millera (GPPCA)

Sr. D. José Javier Sada Beltrán (GPS)

Sr. D. Alfredo Valeriano Boné Pueyo (GPPAR)

Sra. Dña. Nieves Ibeas Vuelta (GPCHA)

Sr. D. Adolfo Barrena Salces (GPIUA)