Esta mañana hemos solicitado información al Gobierno de Aragón en relación con la implantación de la Administración Electrónica. En concreto, nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, ha preguntado al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, por el momento en el que se encuentra este proceso, que es obligatorio por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas (LPAC). Se trata de la regulación de la Administración Electrónica y la obligación de algunos sujetos de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. La LPAC, al incorporar la tramitación electrónica como el medio habitual de relacionarse con la ciudadanía, permite además a la Administración situarse en condiciones de asumir un papel destacado a la hora de satisfacer las exigencias y prestar los servicios que la sociedad precisa.
La LPAC entró en vigor, con carácter general, el 2 de octubre de 2016 pero, ante la dificultad que entraña la puesta en práctica de las disposiciones sobre Administración Electrónica, las previsiones relativas al registro electrónico, al punto de acceso general electrónico de la Administración y al archivo único electrónico, entre otras, producirán efectos a los dos años, es decir, el 2 de octubre de 2018.
Somos conscientes del esfuerzo económico y de formación de personal que está suponiendo a muchas administraciones la puesta en marcha de esta normativa. “Normativa sobre la que, según nos consta, el Gobierno de Aragón lleva retraso respecto de otras administraciones públicas aragonesas”, señala Patricia Luquin para advertir que, “la dificultad de tener un servicio óptimo de acceso a internet en no pocas localidades de nuestra comunidad autónoma, podría estar dificultando la implantación de la citada normativa en municipios aragoneses”.
Por todo ello, hemos solicitado a Guillén que informe si tiene implantado en su totalidad lo recogido en la LPAC respecto a la Administración Electrónica o en su defecto lo estará para el 2 de octubre, así como la imprescindible formación del personal del Gobierno de Aragón.
Además, Luquin ha pedido los datos respecto al número de municipios que hoy están cumpliendo con la citada Ley, las medidas a adoptar para que se pueda cumplir en la totalidad de los mismos y ha preguntado si le consta al Gobierno de Aragón que el acceso a internet pueda ser un problema en entidades locales menores para implantar correctamente la Administración electrónica y, de ser que sí, qué medidas va a arbitrar al respecto.