El diputado provincial, José Ángel Miramón, considera que el cese está motivado por los informes emitidos con valoraciones negativas sobre la manera de conceder ayudas y subvenciones en la DPZ.

El diputado provincial de IU por Zaragoza José Ángel Miramón ha criticado duramente la forma de gestionar la Diputación Provincial de Zaragoza por parte del gobierno provincial PP-PAR tras la destitución de la interventora. “Lo ocurrido con el cese unilateral, con agosticidad y sin justificación técnica alguna, de la Interventora General de la Institución, supone un salto cualitativo en la escalada de caciquismo que se vive en la institución provincial desde que el presidente Luis María Beamonte tomara posesión en junio de 2011”, ha señalado Miramón.

“El cese de la interventora obedece a intereses estrictamente políticos –opina el diputado de IU-, y supone un ataque frontal a la independencia de los funcionarios y, en especial, al ejercicio del control de legalidad de los actos administrativos, máxime dada la utilización partidista de las “subvenciones directas”, multiplicadas exponencialmente como forma de actuación habitual del equipo de gobierno PP-PAR. “Intentar vincular el cese de la interventora con el caso Romero –continua Miramón-, es una auténtica barbaridad, más aún cuando desde la institución era sabido que desde intervención se había comunicado en varias ocasiones la obligación de informar sobre todos los posibles ingresos del departamento de cultura (venta de entradas, catálogos, etc.)”.

“Nos tememos que detrás de este cese estén también los informes de fiscalización que intervención general tiene que hacer sobre las ayudas de presidencia del año 2010, 2011, 2012 y parte del 2013, que deben remitirse al pleno para su conocimiento y en el que están las observaciones del órgano gestor sobre la concesión de esas ayudas; a fecha de hoy ningún informe, a pesar de estar elaborado el correspondiente al 2010, ha sido puesto a disposición del pleno provincial”. Así mismo, cabe recordar que el año pasado se modificó la ordenanza general de subvenciones generalizando el procedimiento de concesión directa de subvenciones, propuesta que solo contó con el voto en contra de Izquierda Unida.

El diputado provincial de IU ha destacado que “el hecho de que la interventora haya planteado reparos legales a determinadas actuaciones que el equipo de Gobierno quería poner en marcha está, evidentemente, detrás de la decisión de Beamonte de cesar a la funcionaria al frente del departamento”. Desde IU se señala que el motivo real del cese han sido informes de intervención que ponían de manifiesto “verdades incómodas” sobre las ayudas y subvenciones otorgadas desde Gabinete de Presidencia de la DPZ y “realizar una buena labor de fiscalización, necesaria y obligatoria en todas las corporaciones”. “Nos tememos que su verdadera intención es colocar en su puesto a personal más dúctil y condescendiente con sus propias intenciones”, alerta Miramón.

“El mensaje que envía Beamonte con este cese al resto de funcionarios es claro pues, de algún modo, los alerta sobre los efectos que pueden acarrearles el incumplimiento de las ordenes del equipo de gobierno bajo amenaza de ser cesados de sus responsabilidades actuales”, advierte el diputado de Izquierda Unida. IU confía absolutamente en la integridad del cuerpo de funcionarios de la DPZ y espera que su actuación futura no se vea influida por dicho mensaje.

“Creemos que nos encontramos ante una muestra evidente de cómo entiende el Partido Popular el gobierno de las instituciones democráticas, desde el ejercicio cuasi absolutista del poder y desde una concepción caciquil, trasnochada y preconstitucional, que no es propia del siglo XXI”, añade. Miramón concluye recalcando que “cabe recordar que el presidente de la Diputación Provincial niega sistemáticamente el acceso a las copias de decretos de la presidencia, contraviniendo la legalidad con pretextos absurdos”.