La empresa Auzsa, heredera de Tuzsa, ejerciendo los derechos que le conceden las leyes estatales y que le regala el PP con su reforma laboral, ha despedido y pretende condenar a un negro futuro a 153 familias. Esta empresa, que ha tenido millones de euros de beneficio durante los años que duró su anterior contrato y que, aparte de no tener ningún mecanismo sancionador específico, tenía reconocido un margen de beneficio industrial del 15%. Con ese margen y con una fórmula matemática para calcular el precio por kilómetro difícilmente entendible, le interesaba mantener vehículos vacíos dando vueltas porque se le pagaban igual, y asumían que sus costes podían crecer sin ningún tipo de problema porque el Ayuntamiento les abonaría un 15% por encima de la suma total de sus gastos. Era un negocio redondo con los contribuyentes como paganos. El 31 de diciembre de 2012 finalizó ese pliego de condiciones que IU en su momento denunció en los tribunales. Esa fecha suponía el punto final de este chollo para la empresa Tuzsa.
Había que escribir las nuevas reglas del juego, marcadas por la Ley de Contratación Pública de 2011, aprobada por el PSOE, y por unas leyes de austericidio público y una reforma laboral salvaje con el sello del PP. Fue el bipartito el que reformó la Constitución española para subyugar los derechos sociales y económicos de la ciudadanía a los de la banca.
Desde IU propusimos una batería de iniciativas para que se incorporaran al nuevo pliego. Entre ellas, la remunicipalización total o parcial del servicio o, en su defecto, la creación de una empresa mixta con participación del Ayuntamiento. Por si no era posible, exigimos un plan de recolocación puntuable en el pliego para que nadie acabara en el paro. Nuestras propuestas se vieron impedidas por las normas de la SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas) y de las leyes de austeridad económica del bipartito. Es la ley del mercado la que impera sobre la decisión política, así como la codicia de la empresa que quiere recuperar ese 15 % de beneficio a costa de los derechos de los trabajadores/as y de los descuelgues de los convenios. Simplemente porque quizá ganen menos que en el ejercicio anterior. Es la aplicación de la reforma laboral del PP por parte de una empresa que demuestra tener nula sensibilidad con sus trabajadores, con el Ayuntamiento y con los usuarios. Consideramos que su actitud es inmoral e injustificable, y es por eso por lo que proponemos un informe de la asesoría jurídica municipal para que valore la rescisión de la concesión por vulnerar el interés público. Como ya hemos advertido, si Auzsa era finalmente vendida a otro grupo, la culpabilidad también era traspasable, porque nos da igual que la casa matriz esté en Londres, Gibraltar, México DF o Sinaloa.
Seremos inflexibles en la aplicación de sanciones a la empresa por los más mínimos incumplimientos del pliego, y desde aquí lanzamos un mensaje al grupo ADO: arreglen lo que por su codicia, la dirección de AUZSA ha reventado, y acepten la propuesta municipal que el Comité, en un ejercicio de responsabilidad, ha hecho suya. Si no, su “aventura empresarial” y desembarco en España serán entendidos como la imposición de unas medidas graves e injustas y en cada localidad en la que pretendan trabajar nos tendrán enfrente. Esas 153 personas despedidas todavía injustamente son 153 razones para exigir al grupo ADO que acepte la mediación municipal. No hacerlo supondría despreciar la legitimidad de las instituciones públicas en defensa de quienes pagan sus salarios. Si pretenden lavarse las manos en este despropósito, tengan claro que en las calles y en las instituciones nos van a tener en primera línea y que no lo vamos a olvidar. Rectifiquen o asuman las consecuencias.